El territorio narco de Santiago
En 2009, Ciper reveló cómo 80 poblaciones de la capital viven bajo la ley de las bandas de narcotraficantes. Tres años después, se comprueba que la situación sigue igual o peor. Ahora son 83 poblaciones donde el temor aprisiona a sus habitantes.
Por Tábatha Guerra y Juan Pablo Figueroa, Ciper18/10/2012
Afuera del jardín, marcas de balas adornan rejas y muros de los bloques de las cuatro poblaciones del sector: Parinacota, Raúl Silva Henríquez, Pascual Gambino y El Mañío. Al primer disparo, sus habitantes imitan el ritual del jardín infantil: corren al dormitorio más alejado de puertas y ventanas, ¡y al suelo! “Después, no nos queda otra que rezar”, dice Aurora, vecina de la Parinacota.
Los pistoleros que hacen estallar la violencia en estas cuatro poblaciones pertenecen a las dos bandas que se disputan el control del sector para vender pasta base: Los Chubis y Los del Cojo Juan. Ellos manejan parte de un mercado que, según datos oficiales, es ambiguo. Mientras la información del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) indica una baja leve en el consumo de pasta base a nivel nacional -de 0,7 a 0,4 entre 2000 y 2010-, informes de la Policía de Investigaciones (PDI) señalan que en el último año los decomisos han aumentado un 32,5% y las detenciones de menores por delitos de drogas, un 56%.
En 2009, Ciper descubrió que al igual que esos niños de Quilicura, en Santiago vivían más de 660 mil
personas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al narcotráfico son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, microbuses y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, eran zonas abandonadas por el Estado y ocupadas por la ley del narco.
personas en 80 poblaciones donde el hacinamiento, el abandono de las autoridades y la violencia asociada al narcotráfico son lo cotidiano. Zonas donde carteros, taxistas, microbuses y otros servicios básicos no se atrevían a entrar y los vecinos vivían presos en sus propias casas por balaceras, robos y otros delitos. Llamaban a las policías y no llegaban. Lo mismo con ambulancias y bomberos. Lejos de colegios, consultorios, bancos, supermercados, farmacias y centros de pago, eran zonas abandonadas por el Estado y ocupadas por la ley del narco.
A tres años de esa investigación, Ciper volvió a esas zonas y constató que el escenario es aun peor. Si en 2009 eran 80 poblaciones, hoy hay tres más. En algunos sectores la situación se ha consolidado al punto de configurarse al menos tres macrozonas ocupadas: San Luis, en Quilicura; Santo Tomás, en La Pintana; y Bajos de Mena, en Puente Alto. Juntas albergan a 76 villas, que en total suman más de 220 mil residentes, casi la misma cantidad de habitantes de la Región de Atacama. Allí hay cordones de cuatro y hasta 49 poblaciones, donde las bandas de microtraficantes se han adueñado del territorio, arrasando con las débiles estructuras sociales.
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